Un día antes de que se dé a conocer la sentencia del juicio por presunta corrupción contra la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, una supuesta filtración de un chat de Telegram ha dividido al país nuevamente. El presidente izquierdista Alberto Fernández ha ordenado investigar a un grupo funcionarios públicos y empresarios de haber orquestado una trama de “cohecho” que acreditaría una presunta persecución judicial contra la exmandataria.
En una alocución en cadena nacional, Fernández ha solicitado a la Justicia que abra una investigación de un supuesto viaje en avión privado hasta la lujosa residencia de Joe Lewis, un magnate británico, en Lago Escondido, en la región de la Patagonia. En ese vuelo, supuestamente concretado el 13 de octubre, habrían participado jueces, fiscales, secretarios, exagentes e incluso empresarios pertenecientes al Grupo Clarín, el conglomerado de medios más grandes del país.
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En el chat publicado el domingo por medios de comunicación locales, los participantes del grupo debaten cómo evitar la difusión de la noticia del viaje y el diseño de una versión falsa para contrarrestar la denuncia por dádivas y tráfico de influencias vinculadas al vuelo. El kirchnerismo hace alarde de la filtración del chat, que habría sido obtenido ilegalmente gracias a un pinchazo en el móvil de uno de los involucrados, que fue difundido posteriormente por el diario Tiempo Argentino.
El origen ilegal de la conversación impide directamente que pueda ser usada como evidencia en un proceso judicial, pero eso no parece importarle al presidente argentino, que ha pedido a la Justicia que se investigue el objetivo del viaje y su financiación, aunque vincula a todos los involucrados con la oposición y su cercanía al expresidente Mauricio Macri.
“Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos”, ha aseverado el mandatario en cadena nacional.
Fernández señala a los medios
Uno de los principales participantes de ese chat sería el juez Julián Ercolini, el magistrado que instruye el juicio de corrupción contra Fernández de Kirchner en la investigación por la llamada ‘causa Vialidad’, que aborda las irregularidades en la concesión de obras viales durante los dos mandatos de la expresidenta, desde 2007 hasta 2015.
Los otros afectados son los también magistrados Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; dos directivos del Grupo Clarín, entre otras personalidades.
“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto una vez más el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios, todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos”, ha dicho Fernández, que no desaprovechó la oportunidad de señalar al Grupo Clarín como cómplice, al asegurar que los involucrados contaban con la “certeza” de que el conglomerado “garantizaría la no divulgación de los hechos”.
“En apariencia eran, a la vez, los convocantes al encuentro”, ha aseverado el mandatario, para añadir que, “sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos para evitar que otros medios difundieran lo ocurrido”. No obstante, el Grupo Clarín se ha desligado de su participación en ese presunto viaje, alegando en un comunicado que nunca se financió ningún vuelo privado y ha advertido de que “gran parte de los contenidos del chat son totalmente truchos (falsos) y están adulterados, además de tener una procedencia ilegal”.
La oposición señala un “montaje” para desviar la atención
Por parte de la oposición, al menos el ala del macrismo, se ha rechazado tajantemente la filtración del chat, que alegan que han sido mensajes falsos. Pocos de los involucrados han declarado ante medios de comunicación, pero los que lo han hecho, como D’Alessandro, rechazan que se trate de “inventar un montaje” para desviar la atención del fallo contra la expresidenta.
De hecho, las filtraciones habrían sido obtenidas a partir del hackeo del móvil de D’Alessandro, de acuerdo con la versión kirchnerista. El ministro capitalino ha asegurado que el contenido es falso y que los mensajes habían sido “creados” o en su defecto “adulterados”. “Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian, con los impuestos de todos, una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa (en referencia a Cristina)”, ha dicho D’Alessandro.
Convencido de que debemos decir «Nunca Más» a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto las siguientes acciones: pic.twitter.com/FjfS8NSwBy
— Alberto Fernández (@alferdez) December 5, 2022
La actual vicepresidenta, que enfrenta además otras causas abiertas, ha afirmado que su sentencia “ya está escrita”, y que todo hace parte del lawfare en su contra, al haber denunciado una supuesta conspiración judicial con la oposición, funcionarios públicos y medios de comunicación para perseguirla jurídica y judicialmente. @mundiario
