Fiscal general Rodolfo Delgado dice que hay pruebas para condenar a exfuncionarios por delitos de corrupción

Fiscal general Rodolfo Delgado dice que hay pruebas para condenar a exfuncionarios por delitos de corrupción

Las pruebas recopiladas contra exfuncionarios procesados en diversos juzgados por delitos de corrupción son contundentes y pueden llevar a condenas, según el fiscal general de la República Rodolfo Delgado.

El titular del ministerio público en la entrevista de Noticiero El Salvador, la noche del jueves, hizo referencia a los expedientes que tiene activos el expresidente prófugo Mauricio Funes y el excandidato a la presidencia del partido ARENA, Norman Quijano.

La Fiscalía también tiene procesos penales en contra del expresidente Salvador Sánchez Cerén y otros nueve acusados entre los que figuran ministros exviceministros del gobierno de Mauricio Funes.

«Nosotros consideramos que con las evidencias que se han recabado durante las investigaciones es muy probable que se condenen a estos exfuncionarios por los hechos que han cometido» manifestó Rodolfo Delgado.

Recientemente la Asamblea Legislativa reformó el Código Procesal Penal para que los jueces puedan enjuiciar a cualquier imputado ausente o prófugo y activar los expedientes que han estado archivados.

La normativa procesal penal solo permitía realizar audiencia inicial sin presencia de los imputados, pero la segunda etapa penal quedaba suspendida ya que las audiencias preliminares no se realizaban porque los acusados tenían calidad de prófugos y debían estar presentes para que ejercieran su defensa material.

«Poco a poco, sin necesidad que la Fiscalía lo solicite, por mandato de ley, se tiene que sacar del archivo cada uno de esos procesos que han pasado a la impunidad», sostuvo Delgado.

Respecto a Mauricio Funes, en varios juzgados de San Salvador tiene siete órdenes de captura locales por expedientes judicializados entre el 27 de junio del año 2018 al 17 de diciembre de 2020, por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero.

En las siete causas penales presentadas en juzgados comunes y especializados de San Salvador, fue acusado como reo ausente ya que desde el primer expediente conocido como «Saqueo Público», el expresidente ya estaba asilado en Nicaragua.

«En el caso de Mauricio Funes, es una investigación de hace mucho tiempo, donde nosotros contamos con gran cantidad de pruebas contra el exmandatario», detalló el fiscal general.

Mientras que, para Norman Quijano, el pasado 13 de octubre fue presentada la investigación final (dictamen de acusación) que recopila todas las pruebas que lo vinculan a negociaciones con estructuras de pandillas, ofreciéndoles beneficios penitenciarios y entregarles $100,000 a cambio que votaran por él en las elecciones presidenciales del año 2014.

«El caso de Norman Quijano nace de una advertencia que realiza un juez especializado de sentencia que procesó una gran cantidad de pandilleros, y advierte a la Fiscalía ampliar la investigación sobre Norman Quijano por tener vinculación», agregó el fiscal general.

En el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, son procesados 10 exfuncionarios en el mandato presidencial de Mauricio Funes a quienes la Fiscalía acusa de haberse favorecido con sobresueldos entre los años 2009-2014 y quienes supuestamente lavaron bajo esa modalidad $2,643,000.

Los acusados son: la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez; el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández; el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo; la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega.

Y tienen la calidad de prófugos, Salvador Sánchez Cerén, en su calidad de exvicepresidente de la República; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo Belarmino López Suárez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.

El pasado 26 de octubre la Fiscalía presentó en el Juzgado Segundo de Instrucción de la capital el dictamen de acusación en contra de 21 imputados, entre ellos ocho exfuncionarios, acusados de desviar fondos provenientes de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio) entre 2018 y 2019.

Entre los procesados figura el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, el viceministro de Seguridad Raúl Antonio López y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima.

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